No existen precedentes de una investigación policial y judicial tan atrevida y valiente en defensa de la fauna salvaje. Desde abril del año pasado, una juez de Vielha, los Mossos d’Esquadra del Área de Investigación Criminal del Pirineu Occidental y los Agents Rurals trabajan con sigilo para determinar quién envenenó con anticongelante al oso Cachou, cuyo cadáver apareció en un barranco de un bosque de la localidad de Les, en la Val d’Aran. La fase de instrucción está entrando en la recta final y la magistrada ultima estos días los preparativos para interrogar a otras seis personas en calidad de investigados. Esta semana ha recibido el resultado sobre el análisis de dispositivos electrónicos localizados en las casas de algunos de los sospechosos. Por el momento, seis personas aparecen en las diligencias como investigadas, entre las que destacan dos a las que los investigadores señalan como resonsables directas de la muerte del animal. Y, como sorpresa final, La Vanguardia confirmó el viernes cómo durante las escuchas telefónicas los Mossos descubrieron un movimiento sospechoso de cocaína en la Val d’Aran. ¿Resultado? Una investigación paralela y la desarticulación de un organización criminal liderada por colombianos con doce detenidos en Castellón, Lleida y Vielha en las últimas horas.

Quién iba a decir que el pobre oso conduciría a los Mossos a incautarse de dos kilos de cocaína en Vielha y a desarticular un laboratorio de elaboración de drogas que regentaba una organización colombiana afincada en la zona. Como el viernes reconocía a este diario una fuente oficial al corriente de la trama, es como si el animal en agradecimiento del esfuerzo compartido por al juez, los mossos y los agents rurals les respondiera con la presunta organización de traficantes de drogas.

Recta final en la investigación por la muerte del oso: la jueza tomará declaración a nuevos imputados

Pero vayamos al principio. La aparición del cadáver de Cachou motivó el arranque de una investigación para la que la juez decretó el secreto de las actuaciones. No tenía más remedio. En un entorno especialmente cerrado como la Val d’Aran, donde prácticamente todo el mundo se conoce, dos de los principales sospechosos eran un agente de medio ambiente del Conselh Generau d’Aran, Aran Medán Guerrero, y el que fuera conseller de Territorio en el Gobierno aranés entre el 2015 y el 2019, José Antonio Boya Quintana. El primero participaba en el programa de seguimiento del oso y el segundo gestionó en su momento los fondos europeos para su repoblación en el Pirineo. O la investigación se blindaba completamente o hubiera sido imposible seguir adelante sin filtraciones que pusieran en riesgo el trabajo policial por la destrucción de pruebas, aseguran fuentes al corriente del caso.

La investigación sigue abierta. Hasta el momento, la jueza no ha retirado la condición de investigados a ninguna de las personas que declararon con esa condición en la causa. Tanto los Mossos como los Agents Rurals que trabajaron conjuntamente desde el inicio descubrieron hasta que punto en la Val d’Aran el oso, y concretamente Cachou, por los incidentes protagonizados con caballos y ganado, era odiado por muchos habitantes de la zona. Personas que viven en plena naturaleza, que sienten pasión por sus animales y el entorno, pero que veian al plantígrado como una amenaza. Por eso tramaron la manera de deshacerse de él, haciendo creer que había protagonizado una disputa con otro oso y se había precipitado al fondo del barranco.

Durante esos meses de escuchas telefónicas en los que la juez y los mossos trataban de desvelar cómo se organizó la muerte de Cachou se colaron en las conversaciones referencias indirectas a la compra de cocaína que despertaron el interés de los investigadores. Los policías pusieron en conocimiento de la juez las sospechas y esta autorizó abrir una pieza separada que el viernes explotó con las doce detenciones tras una nueva investigación en colaboración con la Policía Nacional porque tres de los arrestados estaban en Villarreal y Almazora, Castellón, y el resto en Lleida y Vielha.

En Lleida los detenidos disponían de un laboratorio en el que presuntamente transformaban pasta de cocaína importada desde Colombia en droga lista para el consumo. La organización tenía tentáculos en Castellón y parte de la banda asentada en la Val d’Aran, donde los traficantes vendían directamente al consumidor importantes cantidades de droga.

Entre los doce detenidos estaba el alcalde de la pedanía de Casau, en la Val d’Aran, Juan Berdié, que el sábado por la tarde quedó en libertad con cargos. Diez de los doce arrestados son colombianos y los otros dos españoles.